Después de un tiempo de tregua, el gobierno de Javier Milei retomó una de las batallas políticas que marcaron este 2024: la discusión por la auditoría de los gastos de las universidades, principalmente los de la UBA. Tres ministerios redactaron una batería de decretos con el objetivo de reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de esas casas de altos estudios y, también, prohibir la firma de convenios y acuerdos directos, sin licitación ni compulsa de precios.

El paquete normativo total involucra cuatro decretos -tres publicados hoy y otro previsto para la próxima edición- que modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.

Este último punto es clave, porque en las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con quien la UBA mantiene una disputa en tribunales, se descubrieron unos 2.400 convenios por montos multimillonarios con diversas irregularidades. En la batería de decretos que elaboraron los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía se dejó una instancia de negociación: no se establecieron cronogramas ni fechas límite para su implementación. “Queremos el diálogo”, dijeron en el Gobierno.

En el contacto con los medios, Fariña -virtual viceministro de Federico Sturzenegger- explicó que los decretos “se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del gobierno nacional” y puso como ejemplo la disolución de 15 fondos fiduciarios, algunos de los cuales “gastaban el 70 u 80% de su dinero en salarios y no destinaban casi nada de los fondos al fin para el cual habían sido creados”. Otro caso fue “el fin de los privilegios de las empresas públicas, que tenían un monopolio en la contratación del Estado, como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo o la agencia Optar”.

“Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad”, indicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.