El Gobierno de Javier Milei extendió el programa Puente al Empleo hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se oficializó mediante el Decreto 1085/2024 publicado este martes 10 de diciembre en el Boletín Oficial.

El objetivo de este programa es consolidar la transición de beneficiarios de planes sociales hasta el empleo formal, incentivando a las empresas a contratar a titulares de asignaciones sociales. Este programa reduce los costos laborales para las empresas al permitirles deducir los montos de las asignaciones sociales que perciben los trabajadores del salario que deben abonar, facilitando así la incorporación al mercado laboral formal.

El decreto también enmarca esta decisión dentro de un plan de restructuración más amplio de los programas sociales, priorizando políticas públicas orientadas a:

Capacitación laboral: Mejorar habilidades y destrezas de los sectores más vulnerables.
Promoción del trabajo registrado: Facilitar el acceso al empleo formal con derechos laborales y de seguridad social.

Reformulación de los programas existentes: Ajustar los planes sociales para que actúen como puente hacia el empleo, en lugar de ser medidas de asistencia permanente.

Con respecto a los beneficiarios de los planes sociales, indicaron que “poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa de nuestro país accede a un puesto de trabajo asalariado registrado del sector privado”. “Uno de los factores que explican este escenario consiste en la falta de competencias y habilidades que presentan determinados segmentos poblacionales para desarrollar actividades laborales productivas debido, en gran parte, a las dificultades que enfrentan estas personas para acceder a experiencias laborales de calidad que les permita incorporar conocimientos relevantes para el sistema productivo”, plantearon.

De acuerdo al escrito, "el Programa “PUENTE AL EMPLEO” genera beneficios que incentiven a las empresas del sector privado a contratar trabajadores con poca o sin experiencia laboral formal" mencionando que el Poder Ejecutivo inició un proceso de reordenamiento, reformulación y sustitución de programas sociales o de empleo, para promover "políticas públicas orientadas a posibilitar que los segmentos poblacionales con mayor vulnerabilidad social y económica mejoren sus habilidades y destrezas laborales y accedan a un trabajo registrado y a los derechos de la seguridad social".

Al mismo tiempo se aclara que el beneficio de cubrir el 100% de las contribuciones patronales a las empresas que adhieran al programa, se pagará con aportes del Tesoro Nacional con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera.