El Gobierno decidió derogar la norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos y empresas de la Administración Pública Nacional a utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas para sus viajes en avión. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1017/2024, busca “desregular el mercado” fomentando una competencia abierta y eliminando la preferencia por empresas estatales en contrataciones públicas. Esta medida se oficializa en medio de la disputa del Gobierno con los gremios aeronáuticos que mantienen las medidas de fuerza en medio de una negociación paritaria no resuelta.

La resolución representa un cambio significativo en las prácticas de gestión administrativa del Estado argentino, que tradicionalmente contrataba servicios a través de la plataforma OPTAR S.A.

Hasta ahora, el decreto 1191/2012 exigía que las entidades del Sector Público Nacional adquirieran pasajes aéreos exclusivamente a través de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales donde estas no podían proveer el servicio requerido. Esta normativa tenía como objetivo priorizar empresas donde el Estado poseía participación accionaria.

No obstante, el decreto 747/2024 derogó el decreto 1191/2012, alineándose con el enfoque introducido por el decreto 70/2023, que prohíbe al Estado otorgar privilegios legales a empresas en las que sea accionista. Además, ahora se deroga la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con el esquema obligatorio de uso de OPTAR S.A. (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).

Estos cambios se circunscriben a la declaración de emergencia pública en materia económica y administrativa bajo el Decreto 70/2023, que promueve la desregulación y competitividad eliminando barreras estatales.