
El legislador -en uso de licencia- solicitó brindar su testimonio en la investigación por lavado de activos. Mientras que el magistrado Martínez de Giorgi implantó el secreto de sumario debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.


Fernando Carbajal, diputado nacional por Formosa, presentó una denuncia penal contra el Presidente y el canciller por "la purga estalinista-libertaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores".
Política08 de noviembre de 2024
Prensa
El diputado radical por la provincia de Formosa, Fernando Carbajal, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el canciller Gerardo Werthein tras los masivos despidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y expresó: "Denunciamos penalmente al presidente Milei y al canciller Werthein por la purga estalinista-libertaria en el Ministerio de RREE".


El legislador que pertenece al bloque Democracia para Siempre, opositora al Gobierno a partir de una alianza entre Facundo Manes y Martín Lousteau, anunció en sus redes sociales la presentación de la demanda y aseguró: "La persecución ideológica viola la Constitución, la Ley de Inteligencia y el Código Penal. No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo".
En el escrito presentado, la denuncia penal se enmarca en "acciones de inteligencia prohibida" (con penas de entre tres a diez años de prisión) y solicita "la intervención preventiva de la justicia federal para impedir la consumación de los actos ilícitos discriminatorios anunciados por el Presidente y su ministro de Relaciones Exteriores".
Además, hace hincapié en un mensaje de la cuenta "Oficina del Presidente de la República Argentina" en donde considera que "se anuncia la realización de acciones ilegales de persecución ideológica contra los funcionarios estatales" cuando se propone "identificar impulsores de las agendas enemigas de la libertad".

El legislador -en uso de licencia- solicitó brindar su testimonio en la investigación por lavado de activos. Mientras que el magistrado Martínez de Giorgi implantó el secreto de sumario debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.

El Gobierno lo fijó el martes por decreto, tras el fracaso del último Consejo del Salario, donde la central obrera propuso un aumento acumulado del 71,6%.







