El Gobierno sigue adelante con su plan de motosierra y recortes en el Estado. Ahora intimará al personal del sector público nacional, que reúnan las condiciones, para que inicie los trámites administrativos necesarios para jubilarse. La medida se concretó en la Resolución 3/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger será el encargado del proceso en cada organismo de la Administración Nacional.

Según indica la norma, el objetivo es “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en ese ámbito. El ministerio de Sturzenegger instruyó a “los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”, a llevar a cabo aquella diligencia “en un plazo no mayor a 30 días hábiles”.

La medida abarca, en específico, a los empleados de la “Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social”.

También están comprendidos quienes trabajan en “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.

En paralelo, la Resolución del Ministerio conducido por Federico Sturzenegger “recomienda” avanzar en la misma dirección en “las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

Quedan excluidos, en este caso, los trabajadores de fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.