En medio del conflicto que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendiera la asamblea convocada para tratar la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la entidad, decisión luego revocada por la Justicia, el Gobierno "no descarta" intervenir al ente rector si incumple "con las decisiones de los organismos correspondientes".

"Entendemos que la AFA tiene que atenerse a cumplir con las decisiones de los organismos correspondientes. En tal caso se evaluará en el futuro si cumple con lo que la Justicia o la IGJ determinen y se tomarán las medidas correspondientes", expresó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, consultado sobre el tema. "No descartamos nunca nada", expresó, respecto a la posibilidad de una intervención.
 
La decisión del IGJ, comunicada el martes, hizo lugar a un reclamo del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien pidió que se suspendan las elecciones anticipadas previstas para este mes, un año antes de lo que correspondía. Según argumentó, esta decisión limitaba la posibilidad de que otros clubes propusieran candidatos alternativos.

La IGJ declaró "la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el día 17 de octubre de 2024", así como "del Orden del Día fijado y establecido" para la reunión.

Entre los fundamentos, señaló que la Ley del Deporte establece que los presidentes de las asociaciones civiles deportivas pueden tener "un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas". Sin embargo, la AFA admite hasta cuatro mandatos y pretende ampliarlo a cinco, por lo que "se estaría apartando aún más de lo dispuesto en esa norma".

También destacó que el mandato de las actuales autoridades de AFA finaliza en octubre de 2025 y adelantar las elecciones llevaría el plazo de vigencia de los cargos de 4 a 3 años, es decir que se reducirían "en una cuarta parte".

El Ministerio de Justicia, por su parte, respaldó la decisión del IGJ. "Reafirmamos que nadie está por encima de la ley. Las decisiones de la AFA deben ajustarse estrictamente a derecho y garantizar el respeto a la normativa vigente, preservando el orden institucional. Nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad es irrenunciable", planteó la cartera en un comunicado.