
El organismo presentó una acusación penal contra la entidad deportiva por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a siete mil millones de pesos.


La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 873/2024, la cual indica que "luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados". Mientras tanto, pilotos de la empresa realizan un paro en los simuladores de Ezeiza.
Nacionales02 de octubre de 2024
Prensa
El Gobierno dio un nuevo paso rumbo a la venta de empresas del Estado y declaró a Aerolíneas Argentinas como una de las que está "sujeta a privatización". El decreto 873/2024 fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo. "Luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados", se destaca en el texto de la norma.


A pesar de que AA había quedado afuera del listado propuesto dentro de la Ley Bases, la jugada del Ejecutivo está amparada por la Ley 23.696, la reforma del estado propuesta por Carlos Menem en 1989.
Dentro del DNU afirman que "la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional", cuyos aportes "ascienden a u$s8 mil millones" y hace mención a que los empleados "mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación".
La profundización en este sentido de la administración que conduce Milei se da en el marco de un grave conflicto con los gremios aeronáuticos y a pocos meses después de dictarse la política de "cielos abiertos", a través del decreto 599/2024. Además, el pasado 23 de septiembre, la ANAC hizo entrar en vigencia el DNU 844/2024, que habilita a aeronaves y tripulaciones extranjeras a operar en el país.

El organismo presentó una acusación penal contra la entidad deportiva por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a siete mil millones de pesos.

El organismo prohibió la comercialización, uso y publicidad de productos capilares de la marca Lazios Professional tras comprobar que no estaban inscriptos y que podían contener formol, una sustancia no autorizada por su riesgo para la salud.







