A partir de una auditoría que el Gobierno realizó en la Defensoría del Público, creada a partir de la Ley de Medios, se descubrió que el organismo destina gran parte de su presupuesto, de unos 10 millones de pesos diarios, en realizar capacitaciones para empresas de comunicación y periodistas, muchos de los cuales son sistemáticamente denunciados.

Debido a que las quejas siempre son hacia los mismos grupos y profesionales de comunicación, las autoridades nacionales sospechan que en el último tiempo hubo “un sesgo ideológico y una intención de controlar lo que se dice” en la televisión y la radio.

Hasta hace menos de un mes, la entidad estaba a cargo de Miriam Lewin, quien asumió en plena administración de Alberto Fernández y fue reemplazada por la ex diputada del PRO Soher El Sukaria, quien inició un relevamiento tanto del personal como de los gastos.

Según un informe, al que pudo acceder Infobae, la Defensoría destina 270 millones de pesos mensuales solo en los sueldos de los 120 empleados de planta permanente y otros 25 más, entre Planta Transitoria, contratos y pasantías, con los que cuenta.

La auditoría también indica que se gastan $300 millones en el funcionamiento mensual, es decir, el equivalente a mil jubilaciones mínimas. Esto implica que el organismo demanda una inversión cercana a los 10 millones de pesos diarios, teniendo en cuenta también los costos de alquiler y servicios, mientras que para el 2025 tiene un presupuesto estimado de $4.400 millones, de los cuales el 20% se financia con aportes del Tesoro. Sin embargo, en el Gobierno creen que esto será difícil de cumplir ya que supone una recaudación estimada de $3.500 millones, casi un 250% más de lo recaudado en 2024.

La entidad fue creada como parte de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y una de sus funciones principales es la de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios.