El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó a la ex concejal de Quilmes y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Noemí Iribarne y a otras ocho personas vinculadas a la funcionaria por el presunto delito de “malversación de caudales públicos” a través de varias cooperativas creadas por ella.

Según la investigación, Iribarne habría desviado $87.896.346 entre los años 2018 y 2022 de fondos públicos provenientes del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación y del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires “que estaban destinados a convenios específicos” y que “fueron utilizados de manera irregular para consumos personales, extracciones bancarias y transferencias a otras cooperativas y personas relacionadas con ella”.

Las pericias realizadas durante la instrucción del expediente revela que estas cooperativas, “bajo su representación, giraban los fondos recibidos entre sí sin contraprestación alguna” y que la organización liderada por la concejal del Frente de Todos (actual Unión por la Patria) que ingresó al Concejo Deliberante en 2017, “falsificaban rendiciones de cuentas utilizando facturas apócrifas”.

Las cooperativas involucradas en la maniobra y vinculadas a la referente del Movimiento Evita en Quilmes son: La Chinita, La Montonera, La Guevarita, El Emporio Limitada, Pocho Lepratti y la cooperativa de trabajo Julio Roqué. En la constitución de las cooperativas se repiten nombres, varios de ellos parientes directos de Iribarren como hijos y esposo.

Los otros procesados, sin prisión preventiva, en Causa 23787/22 que instruyen Armella, a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Quilmes y su secretario Diego Quiroga son: Susana Beatriz Reia, Jorgelina Elizabet Fernández, Fabio Fernán González, Eduardo Daniel Calderón, Rosa Mabel Luján Duartes, Jorge Edgardo Fernández, Marcelo Alexis Moyental y María Cecilia Fernández

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través de Leila Gianni, subsecretaria Legal y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos, tomaron vista del expediente e iniciaron una investigación interna

A los nueve procesados se les trabó embargos por $100.000.000 “para responder a la eventual responsabilidad civil y/o penal que de los hechos investigados”.