Con puntos de concentración en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza se movilizan personas con discapacidad, familias, organizaciones y trabajadores contra el ajuste en general sobre el sector y con un reclamo puntual: “¡Frenemos el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad!”

La protesta federal, impulsada desde el Foro Permanente Discapacidad, se organizó ante la circulación de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que equipara –desde hace 25 años- los aranceles de las prestaciones para distintas obras sociales.

Según el Foro Permanente de Discapacidad, de llevar adelante la decisión de desregular las prestaciones, las personas con discapacidad que tengan una obra social como PAMI o una cuenten con una pensión o prepaga, serán atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales, sin importar su situación económica.

De esta manera, sostienen que "aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello". Esto afectaría directamente en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad.
Además, esta decisión agravaría la crisis económica que ya atraviesan los prestadores categorizados que deben cumplir con una serie de exigencias por parte del Estado ya que "da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga".

Por todos estos motivos, el Foro Permanente de Discapacidad junto a las organizaciones miembro le exigen a los funcionarios que "revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años".