“Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones”, señaló Villarruel a través de sus redes sociales. “Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del Presidente”, completó.

 
Ayer, el Gobierno notificó el inicio de “una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”. De acuerdo al comunicado, la medida se debe a la detección de irregularidades “en la tramitación, otorgamiento y/o pago” del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Ahora eso será sometido a revisión.

Los motivos
 
Entre los fundamentos, desde el Ministerio de Justicia indicaron que la medida surge a partir de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros, sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita“, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesados personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.