La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio luz verde al trámite iniciado en diciembre pasado por el ex presidente, Alberto Fernández, para percibir su asignación vitalicia, popularmente conocida como jubilación de privilegio.

El proceso fue aprobado en tan solo dos meses, otorgando al ex mandatario un valor neto que ronda los siete millones de pesos. Además, se especifica que cobrará de manera retroactiva los haberes jubilatorios correspondientes a enero y febrero.

La asignación, según establece la ley 24.018, se calcula en base a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el caso de vicepresidentes, corresponde al 75% de dicho monto.

Aunque la aprobación del trámite se dio en medio de críticas y controversias, especialmente impulsadas por la diputada nacional Graciela Ocaña, quien impugnó el proceso y reunió firmas para su rechazo, sumando 58.000 adhesiones a través de la plataforma change.org.

De acuerdo a una nota publicada por el diario La Nación, uno de los puntos de disputa radica en el requisito de residencia en el país, establecido por la Ley 24.018. Ocaña argumentó que Fernández residía de hecho en el extranjero, lo que podría invalidar su derecho a la asignación. 

Estas críticas se intensificaron tras el reciente viaje de Fernández a Madrid junto a su pareja, Fabiola Yañez, y su hijo, y su pérdida de apoyo político, evidenciada por su licencia del cargo como presidente del Partido Justicialista Nacional.

La polémica en torno a las jubilaciones de privilegio se agrava con el contexto político y judicial que rodea a Fernández. En febrero, fue imputado en una causa que investiga contrataciones millonarias de seguros durante su gobierno, junto a su amigo y broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, ex presidente de Nación Seguros.

La propuesta de eliminar las jubilaciones de privilegio, promovida por el presidente Javier Milei como parte de un paquete de leyes "anti casta", generó debates en la Asamblea Legislativa. Aunque se discute la sustentabilidad del sistema previsional y el respeto a quienes aportaron al mismo, aún no se ha logrado consenso sobre este tema.