
El organismo presentó una acusación penal contra la entidad deportiva por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a siete mil millones de pesos.


La demora obedece al cruce de información del RASE y los datos del Indec para saber qué hogares continuarán con asistencia en sus facturas. La intención oficial es que la asistencia vaya directamente a la demanda. Una partida clave para el ajuste de Caputo
Nacionales28 de marzo de 2024
Rouse Leonor
La quita de subsidios en las tarifas de luz y de gas que tenía prevista el Gobierno como parte de su plan para alcanzar el superávit fiscal volverá a retrasarse. Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio.


Según pudo reconstruir fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas de energía. En encontrar la sintonía adecuada trabajan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.
La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.
El compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era avanzar en aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las de gas, con el horizonte de llegar a abril con facturas que cubran el costo pleno de la energía excepto para los hogares “vulnerables”. Sin embargo, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% de lo que vale el servicio ya que se optó por cargar ese ajuste sobre los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias.

El organismo presentó una acusación penal contra la entidad deportiva por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a siete mil millones de pesos.

El organismo prohibió la comercialización, uso y publicidad de productos capilares de la marca Lazios Professional tras comprobar que no estaban inscriptos y que podían contener formol, una sustancia no autorizada por su riesgo para la salud.







