Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF presentaron su respuesta a la apelación que la Argentina hizo en febrero sobre la sentencia de primera instancia, que la condenó a pagar más de US$16.000 millones por la nacionalización de la petrolera. El principal pedido de los demandantes es que la compañía vuelva a ser incluida en el litigio, aunque fue desligada de responsabilidades previamente.

 
“Desde marzo del año pasado sabemos que los beneficiarios tienen esta intención. Mientras el caso permanezca abierto, las chances de que YPF sea reincorporado al litigio están. Son pocas, pero existen”, sostuvo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios contra la Argentina en el exterior. De suceder, sería una muy mala noticia para la compañía y eso repercutiría en el valor de su acción, que cotiza cerca de US$20 y subió más de 15% en el año.

En su cuenta de X, Maril publicó un fragmento del escrito que los demandantes presentaron en la Corte de Apelaciones. “Las promesas de los acusados aquí no fueron comentarios ni acuerdos casuales. Eran compromisos inusuales -e inusualmente claros- que eran necesarios para brindar comodidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera con un pasado económico accidentado accediera a los mercados de capital estadounidenses y recaudara miles de millones de dólares”, argumentaron los beneficiarios en relación con los compromisos asumidos al momento de la privatización de YPF.

Y agregaron: “Si esas promesas pueden ignorarse con impunidad, los demandantes resultarán perjudicados en el corto plazo, pero todos los inversores y los gobiernos extranjeros por igual perderán en el largo plazo. Este Tribunal debería respetar las claras promesas de los demandados y reparar sus claros incumplimientos”.

Por su parte, Sebastián Soler, que fue subrocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, citó en sus redes sociales otra parte del escrito, en el que los beneficiarios rechazan los planteos de la Argentina respecto a que la justicia estadounidense no tenía facultades para intervenir en el caso de la expropiación.