En el arranque del año 2024, el sector agrícola se enfrenta a un escenario marcado por el aumento en la presión tributaria. Según el Índice Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), un 65% de la renta del productor queda en manos del Estado, lo que implica un incremento de 6 puntos desde la última medición de diciembre, con la siguiente composición entre jurisdicciones: 94% nacional, 5% provinciales y el resto municipales.

En la medición del último trimestre de 2023, la presión impositiva ejercida por municipios, provincias y el Estado nacional sobre la actividad agrícola redujo el ingreso de los productores argentinos en un 59%. Aunque este porcentaje seguía siendo significativo, se observó una disminución de 17 puntos en comparación con la medición de septiembre, que marcó 76,1%.

Este fenómeno, explicado por Nicolle Pisani Claro, economista Jefe de FADA, se atribuye a la combinación de dos factores críticos: la suba de costos y la caída de precios. En ese sentido, destacó la relación entre la renta agrícola y los impuestos, señalando que cuando el valor de la producción disminuye o los costos aumentan, la participación de los impuestos sobre la renta se incrementa, generando un mayor peso fiscal para los productores.

Esta dinámica, evidenciada en el último informe trimestral de FADA, subrayó la importancia de comprender cómo estos elementos impactan en la economía del campo.

Dentro del panorama nacional, destacaron que el 67% de los impuestos nacionales no se coparticipan a las provincias, lo que generó un debate sobre el federalismo fiscal en el ámbito agrícola. Natalia Ariño, también economista de FADA, resaltó la necesidad de repensar este esquema tributario para garantizar una distribución equitativa de los recursos en las regiones productivas del país.