En una presentación conjunta ante el juez Julián Ercolini, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa que investiga los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández.

En su presentación conjunta, dichos organismos estatales (denunciantes en el caso también), aportaron testigos, solicitaron que “se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente”. Además, requirieron el Juzgado que se realice una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por la maniobra de los brokers de NACION SEGUROS S.A.

Según consta en la denuncia, “la Anses contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.

Además, se agrega que “por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.

La presentación agrega que Campos fue denunciado por Anses por “otros hechos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública” y “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa”.

Días atrás, el Gobierno denunció a las autoridades de Anses de la gestión de Alberto Fernández por el caso de las irregularidades en seguros, en una causa que involucra al exmandatario. La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano y abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

Durante la totalidad del mandato de Fernández la titularidad en Nación Seguros estuvo en manos de Alberto Pagliano, un amigo cercano del entonces presidente. Por este motivo el fiscal impulsó la investigación penal contra Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, que es esposo de una de las secretarias del titular del PJ, María Cantero.