El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Bonacci, de La Libertad Avanza, para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

El texto no presenta eximente en los casos de violación, pero deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer "en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

Según el proyecto que lleva la firma de los diputados Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza; Lilia Lemoine -influyente y persona muy cercana al ámbito de Milei- y otros cuatro legisladores más, habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento, que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre.

Si hubiese consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer muere.

Encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como "año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad", en el documento también refieren a los casos de abortos posteriores a una violación.

El extenso párrafo describe: ''Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica". "Sin embargo -prosigue-, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta''.

La autora cierra su idea con la creencia de que ''no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente''.

En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" si se practicara un aborto con consentimiento "de la mujer".

Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime "con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a quien "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare" a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: "Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare".

En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, "luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare".