Hoy el juez de Paz de Cafayate, Francisco Bravo, será imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de la denuncia por parte de dos personas por estafa y usurpación.

Según los denunciantes, el abogado que los representaba, les retuvo la llave bajo la excusa de esperar que concluya el juicio. Sin embargo, descubrieron que la vivienda está siendo ocupada por terceros, que incluso aluden tener un contrato de comodato.

Tras el resultado de una pericia caligráfica, pudo comprobarse que una firma certificada en un contrato de comodato por el funcionario, no corresponde a la damnificada. En la causa hay otras cinco personas imputadas.

El Vocal N°1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Antonio Pastrana, resolvió frente a un recurso de apelación presentado, que la resolución cumplía con los requisitos formales y que las alegaciones del letrado, no justificaban la recusación de la fiscal.

La Jueza de Garantías, encargada de resolver la recusación, consideró que las alegaciones presentadas por el letrado en referencia a una supuesta enemistad, eran genéricas y no demostraban causales válidas para la recusación, medida que debe precisar necesariamente un motivo serio, jurídicamente atendible, de objetiva gravedad y no limitarse a alegaciones genéricas.

Por su parte la fiscal Sandra Rojas había argumentado que el planteo defensivo, representaba una maniobra dilatoria del proceso y que no se cumplían las causales necesarias para apartarla del caso.