En el marco de su apelación, los fiscales solicitaron la revocación de la medida de arresto domiciliario conferida a la imputada. Además, requirieron ordene prisión preventiva debido a la presencia de riesgos procesales significativos. Entre tales riesgos se destacan la posibilidad de fuga, la potencial obstrucción de la investigación y por la intrínseca naturaleza del delito bajo investigación.

Es importante subrayar que la mujer de 25 años se encuentra bajo la presunción de haber cometido el delito de sustracción de menores, cuya tipificación está contemplada en el artículo 146 del Código Penal. Las bases que fundamentan estas acusaciones han surgido como resultado de un minucioso análisis de las grabaciones extraídas de cámaras de seguridad, tanto de acceso público como privado que ha permitido trazar el recorrido que aparentemente habría seguido la acusada, tanto en el período previo al incidente como en el posterior.

Además, debe destacarse el trabajo investigo que arrojo la existencia de diversas pruebas acumuladas a lo largo de la investigación que respaldan estas sospechas.