El Tribunal Oral Federal dio a conocer en marzo los fundamentos de las condenas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros funcionarios por el delito de fraude a la administración pública. Las defensas recurrieron esas condenas y el fiscal Luciani recurrió la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

A modo de argumento, los jueces de la casación manifestaron que desestimaron de plano las recusaciones por improcedentes. Recordaron que intervienen como jueces naturales de la causa en virtud del sorteo efectuado. Señalaron que los motivos de recusación eran insinuaciones conjeturales y especulativas y citaron la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que los magistrados deben rechazar las sospechas de alegada, no probada y desestimada parcialidad y cumplir con su deber jurisdiccional.

Ante las alegaciones de prejuzgamiento referidas por la defensa a partir de diversos fallos dictados por la Sala IV en las etapas previas de este proceso, refirieron que es la primera vez que están llamados a resolver sobre cuestiones de fondo y que todas las intervenciones anteriores se trataba de incidencias en las que, justamente, rechazaron la intervención porque los recursos se dirigían contra sentencias no definitivas.

En esta línea, el juez Carbajo se inhibió de continuar interviniendo. Argumentó que al juzgar en el caso “la ruta del dinero K” ya había expresado, en soledad, que el dinero lavado por Lázaro Báez provenía de la corrupción de la obra pública.