La Inspección General de Justicia (IGJ) presentó una denuncia penal contra la precandidata presidencial de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, por considerar que ella y el resto de los titulares del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), utilizaron la ONG como una “pantalla” para conseguir dinero y desviar esos fondos hacia la campaña electoral.

En la denuncia, la IGJ advierte por “la apropiación de fondos correspondientes a la IEES Asociación Civil y que indirectamente –por intermedio de aquella- han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular, la entidad civil referida y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la Sra. Bullrich”.

En duros términos, la IGJ advierte que la plata habría sido obtenida “mediante la presunta realización de ‘seminarios y capacitaciones’ que en realidad fueron meras fachadas de encuentros con la Sra. Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la referida campaña electoral de la precandidata a presidenta”.

Al respecto, agrega que la Asociación Civil “fue utilizada como instrumento de financiamiento para actos proselitistas de Campaña de la Sra. Patricia Bullrich, que incluyó –entre otras cuestiones- la adquisición de pasajes y hospedaje para su campaña, el desembolso de honorarios en favor de profesionales dedicados al asesoramiento político”.

Según lo constatado, la Asociación Civil, “tuvo ingresos por montos superiores a los PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000)” en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman cobró $2.766.170.

La denuncia señala que hay canales legales para el financiamiento privado de los partidos políticos y que, en este caso, se desvió dinero de la Asociación Civil. Por lo que podría haberse cometido “el delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215”.

En ese sentido, la denuncia indica que la Asociación Civil tuvo un “repentino y vertiginoso” crecimiento de los ingresos y “pasó en pocos meses –y tal como lo ha informado la propia entidad- de no poder costear los gastos corrientes a recaudar más de $ 90.000.000”.

El escrito presentado por la entidad que preside Guillermo Nissen, también advierte sobre “la posible comisión de infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que indica que los partidos no pueden recibir dinero por parte de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar.

El mecanismo habría sido simple: fondos conseguidos a través de la ONG, algunos de ellos, por ejemplo, de empresas de juegos de azar, fueron transferidos para gastos de campaña. “Por vía de donaciones a la entidad civil, que de ningún modo podrían ser aportantes a la campaña de un partido político, se han eludido las prohibiciones de la Ley 26.215”, asegura la denuncia. Y explica que “así resulta de la propia documental aportada por la entidad (…) donde aparecen como “aportantes” nada menos que “Casino Melincué S.A.” , “Casino Puerto Santa Fe S.A.”, entre otros”.

Otro de los ejes de la denuncia señala que Bullrich excedió el porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona: “El módulo electoral del partido político que preside la Dra. Bullrich -ahora en uso de licencia- es de $ 40.257.956 pero, para el distrito Capital, el monto máximo de aportes por personas humanas o jurídicas es de $3.059.431 por año calendario”, dice el escrito de 42 páginas que ya tienen en sus manos el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Para la IGJ estos números son el “elemento que evidencia el dolo de haber utilizado a la entidad civil para obtener fondos por encima de los máximos de aportes privados permitidos para un partido político. (…) Así, por ejemplo, el Banco Galicia y Buenos Aries S.A.U. aportó entre agosto y diciembre de 2022 la suma de $(400.000+ 400.000 + 400.000 + 1.500.000 + 400.000 + 400.000) 3.500.000 violando el máximo permitido para el Distrito Capital ($ 3.059.431) previsto y autorizado por la Cámara Nacional Electoral para 2023”

Tras el análisis de los ingresos y egresos de la Asociación, la IGJ concluye que “de este modo (Bullrich) procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.

Lo que ocurre es que fue la propia IGJ la que autorizó en su momento (año 2017) la constitución y funcionamiento de la Asociación Civil señalada, sin fines de lucro y con el objetivo concreto de investigar en materia de políticas de Seguridad. Por eso, ahora la Inspección misma detectó que la ONG “fue utilizada como instrumento de financiamiento para actos proselitistas”. Para probarlo, la denuncia alerta que “existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios”.

Además de Bullrich la lista de denunciados por la IGJ la integran Martín Siracusa (Secretario de IEES); Silvia Turetzky (Tesorera); Gerardo Milman (sobre quien se señala su “sugerente alejamiento” de la campaña por “motivos de público conocimiento”), Guillermo Yanco, Alberto Fohrig, Gastón Schulmeinter, Mariela Budiño, Federico Seattone, Sebastián García Donofrio, Javier Parisow y Adriana La Forgia, en carácter vocales; Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Martín Culato y Julieta Liali como revisores de cuentas.