LAS CARMELITAS DIERON MARCHA ATRÁS AL ACUERDO

Locales 05 de octubre de 2022 Por Betina Almada
Lejos de avizorar una solución al conflicto por la denuncia interpuesta por las hermanas Carmelitas Descalzas por violencia de género al Arzobispo Mario Antonio Cargnello y tres sacerdotes más, los letrados representantes de las religiosas realizaron durante las últimas horas una presentación ante la justicia.
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En esta presentación solicitaron el registro prontuarial de los denunciados, además de un resarcimiento, la correspondiente capacitación de los denunciados en la Ley Micaela  y la notificación a la Santa Sede, sobre la existencia de hechos de violencia.

Y es que más allá de la mediación entre las partes, llevada adelante con la intercesión de un Delegado del Vaticano, la misma no fue homologada ante la justicia. Todo esto se da a una semana del archivo definitivo de la causa, que era la estrategia a la que apuntaba la defensa de Cargnello y de los otros sacerdotes. 

Diario La Nación logró acceder a la dura presentación que interpusieron los abogados de las monjas, la cual “hace referencia a patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia”.

La presentación además hace hincapié en que “la conducta de los denunciados debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan”.

El medio de tirada nacional detalla que “el escrito repasa los conceptos de violencia de género para la jurisprudencia y enfatiza la desigualdad de poder como elemento neurálgico de todos los hechos de violencia investigados”.

Menciona, por ejemplo, que Mario Cargnello “pudo durante años realizar actos de violencia psicológica, porque sabía que las hermanas carmelitas callaban”. A continuación describen nuevamente los hechos que aparecen en la denuncia original. Cabe recordar que la denuncia se extiende también al obispo visitador del convento Martín De Elizalde; al cura ayudante de la Catedral, Lucio Ajalla; y a Sancristóval Loyola Pinto, vicario judicial.

Otro punto del texto pide comunicar a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica de la República Argentina, que “han existido hechos de violencia económica, psicológica y física” por parte de los denunciados, “a fin de que se arbitren los medios para que dichas conductas no se repitan hacia adelante y, además, ello sea considerado a los fines de los roles presentes y futuros que tales personas tienen y/o pudieran tener en el seno de la Iglesia”

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