Una misión de Amnistía Internacional Argentina viajó a Salta con el fin de exigir el fin de la criminalización a la médica Miranda Ruiz, imputada por realizar una interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, en el norte salteño, y pedir la eliminación de las barreras que persisten en el acceso a la práctica en toda la provincia.

“El aborto es ley en Argentina, sin embargo, los obstáculos en su acceso persisten. Muestra de ello es la persecución injustificada a una a médica como Miranda, que hizo su trabajo y aun así enfrenta una causa penal”, expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

La directiva de este movimiento consideró que “profesionales que día a día ponen su experiencia y saber para cumplir con su deber y garantizar un derecho que tanto le costó al movimiento de mujeres merecen el respaldo incondicional del Estado”.

En este sentido, entendió que “no hacerlo compromete el ejercicio de los derechos humanos y la responsabilidad de la Argentina frente a la comunidad internacional”, tras lo que sostuvo que la causa en contra de la médica “traiciona el compromiso de la justicia con los derechos de las mujeres y emite además un peligroso mensaje para el personal de salud en particular y para la sociedad en general”.

Las afirmaciones de la directiva fueron plasmadas en un comunicado que la organización emitió hoy, tras la visita de una misión a Salta, en el marco de una estrategia internacional de solidaridad y apoyo a Miranda Ruiz, la médica “procesada injustamente” por garantizar un aborto legal.

La misión se reunió con los investigadores a cargo de la causa y con autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, con el propósito de exigir el cese de la investigación en contra de la médica.

Según el comunicado, la delegación estuvo en Salta entre el 9 y el 13 de mayo pasado, y visitó y entrevistó a Ruiz, sus colegas y autoridades del hospital tartagalense Juan Domingo Perón, quienes “dieron cuenta de su excelencia y compromiso como profesional”.

Asimismo, se relevaron testimonios de más de diez profesionales de la salud del sector público y privado, así como de referentes locales del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de la organización “Socorro Rosa Salta”, quienes identificaron las barreras que persisten en la efectiva implementación de la Ley 27610 de interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo, en Salta.

El documento de Amnistía explica que, desde agosto de 2021, la profesional enfrenta un proceso penal pese a haber garantizado un aborto amparado por la ley, y en el marco de ese proceso, fue detenida por disposición judicial mientras se encontraba trabajando en el hospital, por lo que permaneció privada de la libertad e incomunicada varias horas, en un calabozo de la cárcel de mujeres.

Actualmente, Ruiz tiene prohibido salir de Tartagal sin informarlo al fiscal Gonzalo Vega, que entiende en la causa, y debe pedirle autorización para salir de Salta.

Para Amnistía, la investigación presenta irregularidades que fueron denunciadas por la defensa de Ruiz y por organizaciones de la sociedad civil, y que motivaron una nueva comunicación al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, por parte de la organización internacional.

Desde Amnistía indicaron que la calidad del acceso al aborto es deficiente en algunos centros de salud, y que se han registrado situaciones de violencia y maltrato; al tiempo que no existen campañas públicas de información ni cartelería sobre el derecho al aborto, ni los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta, entre otras barreras.