El diputado nacional Gerardo Milman presentó este lunes un proyecto para expulsar del país a los extranjeros que cometen delitos. En los fundamentos de la normativa -que acompañaron con su firma María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, José Luis Espert y Federico Frigerio, entre otros- el vicepresidente del bloque PRO argumentó y contextualizó su propuesta, la cual llegó días después de que los barras del club colombiano Deportivo Cali, fueron detenidos con armas blancas y sustancias estupefacientes.

Según informaron distintos medios -escribió Milman en el texto- los detenidos fueron imputados por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales. De los quince hinchas deportados, cinco estaban con ingreso irregular en el país y los otros diez lo hicieron con residencia de turista. En tanto, otros tres hinchas de este grupo tenían residencia permanente en Argentina y deberán esperar la decisión de la Justicia.

“No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sida cometidas por ciudadanos extranjeros que poseen diversos estatus migratorio en nuestro país, desde miembros de organizaciones del delito organizado brasileras como el Primer Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) en nuestra frontera norte, como diversas actividades delictivas vinculadas a la clonación de tarjetas de créditos, de bandas dedicadas a las salideras bancarias, robo de vehículos de alta gamas, en fin, un sinnúmero de actividades delictivas cometidas en nuestro territorio nacional”, sostuvo el diputado.

Y siguió: “Por eso, considero de vital importancia que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que fuera derogado por Decreto N° 138/2021 en los primeros días de marzo 2021, sea establecido como Ley, ya que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta contra dicho objetivo”.

En marzo de 2021, Fernández derogó el DNU de Macri argumentando que modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.