El proyecto de ley que busca regular la producción industrial de la planta de cannabis obtuvo este martes dictamen en las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa, propuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo nacional, ya tiene media sanción del Senado y podría votarse en la próxima sesión de la Cámara baja, ya que el Frente de Todos convocó a una sesión para este jueves en la que incluirá esta iniciativa.

De aprobarse, se convertiría en ley y crearía entonces la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función -entre otras- regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

 Las barreras legales (y culturales) actualmente frenan el uso del cannabis para producir medicamentos, cosméticos, alimentos, materiales de construcción o autopartes, entre muchas otras cosas. Pero están a punto de levantarse. Si se materializa la nueva ley, Argentina integrará una nueva matriz productiva que genera expectativas de crecimiento económico y creación de fuentes de trabajo en un mundo en crisis.

Al menos durante la reunión de las comisiones, el clima legislativo aparece propicio para que Diputados vote a favor y complete la media sanción que ya le dio el Senado en julio de 2021. Con excepción de un diputado de Juntos por Río Negro, que hizo una ensalada entre la cuestión productiva de la planta del cannabis, el narcotráfico y los consumos problemáticos, casi todos los y las legisladoras que expusieron durante el plenario se manifestaron a favor de avanzar, con más o menos matices.

De hecho, al proyecto de ley lo acompañan provincias gobernadas por partidos opositores, como Jujuy y Corrientes, que ya tienen en marcha emprendimientos productivos cannábicos, especialmente el estado gobernado por el radical Gerardo Morales. Allí la empresa estatal Cannava ya cultiva plantas y produce aceites que se expenden en farmacias locales y en el hospital público de la ciudad de Perico.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país tome el lugar de líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial. Estima que para 2025 podrían crearse 10 mil puestos de trabajo.

“Necesitamos una ley para legalizar la producción y el desarrollo de la industria sujetos a las recomendaciones de Naciones Unidas y los países pioneros en esto, como Israel o Canadá. Las regulaciones apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar trazabilidad de los productos, especialmente en los de uso medicinal. Eso nos va a permitir además tener un producto de calidad”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo ante los Diputados en 2021.

En el Gobierno prometen que, de aprobarse, la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.

En este sentido, el diputado misionero del FdT, Héctor Bárbaro, advirtió en el plenario de este miércoles: “Espero que cuando se reglamente no venga una empresa privada y se la lleve toda y se queden afuera los trabajadores y los pequeños productores o las cooperativas”.