Entre los afectados, habría cientos de policías que, motivados por algunos jefes, tomaron préstamos para ingresar a la cadena de inversiones. Las acusaciones se hicieron sentir y no se descartan desplazamientos en los altos mandos. 

Mediante una financiera fantasma y con un esquema de fraude reconocido, una organización delictiva se alzó con millones de pesos y varios miles de dólares, un botín que tuvo como principales damnificados nada menos que a más de 500 miembros de la Policía de Salta, aunque no todos serían víctimas, pues se sospecha que varios de ellos, en particular los jefes, podrían tener responsabilidades penales en las estafas.

Anoche, incluso, los rumores daban cuenta de una lista de comisarios de altos rangos que comenzó a circular entre las filas de la policía, entre los cuales estaría nada menos que el jefe de la policía, Migue Mariano Ceballos, por lo que surgieron muchas especulaciones respecto a la permanencia en el cargo del mismo.

A partir de hoy, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio comenzará a citar a los ocho detenidos, la mayoría de ellos mujeres, para imputarles distintos delitos de fraude, instancia en la que los acusados podrían abrir la boca y señalar a otros cómplices.

También se comenzará a analizar la documentación secuestrada, entre la cual se encuentran numerosos contratos que también podrían dejar expuesto a varios jefes policiales, a quienes ya apuntan no sólo como los que se beneficiaron a costa de sus subalternos, sino también como probables imputados en la causa.

Hasta ayer, desde la fiscalía informó que se realizaron 15 allanamientos, producto de los cuales se secuestraran 16.800.000 millones de pesos, 16.500 dólares, 11 automóviles, 7 camionetas y 3.000 contratos firmados y confeccionados, lo que confirma que aún hay mucha tela por cortar en este caso. Se confirmó también la detención de ocho personas y dos prófugos.

Entre otros papeles, se encontraron entre 400 y 500 contratos en blanco listos para llenar, cédulas verdes, cédulas parcelarias, dos cajas fuertes cerradas y bienes muebles (heladeras, tv smart, bicicletas) recientemente adquiridas, lo que da cuenta del movimiento de dinero de la financiera falsa.

En su reporte respecto al motivo de los allanamientos, la fiscalía indicó que la investigación está centrada en numerosas estafas adjudicadas a una entidad financiera que, bajo una identidad tributaria falsa, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura, ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias (de 300.000 a 1.000.000 de pesos) en el corto plazo (quince y/o treinta días). Para llevar a cabo la operación, los clientes debían firmar un contrato de inversión.

Al investigar la financiera (Ríos y Asociados), sin embargo, los investigadores de Delitos Económicos determinaron que la empresa no se encontraba inscripta en Salta para realizar actividades, sino en la Ciudad de Buenos Aires, y sólo estaba habilitada para realizar negocios inmobiliarios.

El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia. Al tomar contacto con dicho letrado, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera, sino que tampoco poseía matrícula habilitada.

Por su parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional fallecido en 2007. Estas maniobras, según lo informado, se habrían cometido en distintos puntos de la provincia, aunque los primeros hechos fueron denunciados por Metán.