La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a siete mujeres por los delitos de estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras.

Durante la audiencia, las siete fueron asistidas por abogados particulares. Seis de ellas declararon y negaron los hechos, mientras que una de las mujeres detenidas se abstuvo de declarar.

El octavo detenido se encuentra en Metán y está previsto que mañana sea trasladado a la ciudad de Salta para audiencia de imputación. Además, dos personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.

La fiscal Salinas Odorisio investiga a una financiera – Ríos & Asociados- que estaría empleando una identidad falsa a fin de aparentar solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura.

De acuerdo a lo recabado, la empresa ofrecía en redes sociales la participación en operaciones de inversión prometiendo importantes ganancias en el corto plazo (15, 30 y 60 días). Los “inversores” debían rubricar un contrato de inversión con la financiera, que llevaba el membrete de Ríos & Asociados, número de CUIT y que era representada por un abogado.

Según las primeras investigaciones, no existe una empresa con la denominación Ríos & Asociados en Salta y, al investigar el CUIT se lo encontró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de una empresa dedicada al negocio inmobiliario.

El abogado representante de la financiera, y que figuraba en todos los contratos, tampoco tenía matrícula en la provincia.

Al tomar contacto, los investigadores pudieron corroborar que el abogado porteño no sólo no estaba al tanto de que su nombre estaba siendo empleado por la financiera sino que no poseía matrícula habilitante en la provincia. Además, el profesional del Derecho aseguró que la firma en los contratos era falsa. Por otra parte se corroboró con el Colegio de Abogados de Salta que el número de matrícula que se le asignaba en los documentos, pertenecía a un profesional dado de baja en 2007.