La fiscal evaluó que Villagrán, habría abusado de sus facultades y solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia, las vacunas y las distribuyó el 4 de febrero según su propio criterio entre el personal del CIF. Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna.

Salinas consideró que el funcionario efectuó "un uso arbitrario de las facultades otorgadas, ocasionando con su conducta un grave perjuicio a la Salud Pública, atento a que dichas vacunas eran destinadas a personas de primera línea (emergencia, laboratorio y terapia) y que obró, de esa manera, en forma ilegal al disponer sobre dichas vacunas".

El funcionario, en la audiencia de imputación, se abstuvo de declarar, pero expondrá su postura por escrito.