Familiares de personas con discapacidad denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En paralelo, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para imponer nuevos requisitos al otorgamiento de pensiones, que genera rechazo entre las organizaciones.
La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios desde el inicio de la gestión libertaria a la fecha, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.
En el escrito, manifiestan que el ataque de Milei está "inspirado en una ideología de tipo supremacista" sobre la base de "una presunta 'superioridad estética' de cierta tipología social" que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sobre los que el Presidente hizo especial hincapié desde el primer momento de su mandato "en descalificar y desatender" con "especial saña".
"Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente", denuncian.
Los recortes que puso en marcha Milei desde el comienzo de su gestión ocasionaron "deudas con prestadores y dificultades en el funcionamiento de múltiples programas", hecho que, según indica el documento, fue señalado "en forma reiterada por el Foro Permanente de Discapacidad y por diversas organizaciones que denunciaron sin éxito la falta de políticas inclusivas y la crisis en el sector".
