Gustavo Rodríguez, quien se desempeñó como director general de Obras Particulares entre marzo de 2006 y octubre de 2008, fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en 14 hechos. La acusación, en grado de presunto autor, se relaciona con los edificios que se construyeron saltando normas en Deán Funes 521; Pueyrredón 1.043; Ameghino 242; Córdoba 245; Almirante Brown 594 - Santiago del Estero y Pasaje Solá 390; Leguizamón 283; Buenos Aires esquina San Luis - Santa Fe 550; Sarmiento 499 esquina Leguizamón; Caseros 276; Virrey Toledo 863; Caseros 1850 - España 1.845; Santa Fe 159; General Güemes 420 y Deán Funes 585.

Rodríguez ya había sido procesado el 29 de diciembre de 2020 por su intervención en los expedientes administrativos de otros edificios que la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol), entidad civil presidida por María Elena Jiménez, denunció en 2009 en la capital salteña.

Por aquella primera tanda de obras investigadas, en las que peritos judiciales detectaron incumplimientos a las normas de edificación, seguridad sísmica y protección ambiental, también fueron procesados entonces Laura García de Leonarduzzi, Pablo Brandán Valy y José Erasmo Pistán.

Ese capítulo de la voluminosa causa fue elevado a juicio en diciembre de 2021. El requerimiento, por el que parte del expediente penal se remitió a la Sala II del Tribunal de Juicio, había sido dispuesto por la Fiscalía Penal en Transición en julio de ese año.

En la nueva resolución, que fue notificada a las partes en septiembre último, pero de la que no habían trascendido detalles hasta estos días, la jueza Mónica Mukdsy también amplió los procesamientos por incumplimiento de deberes para Pistán, García de Leonarduzzi y Brandán Valy.

A Pistán, un exfuncionario municipal que renunció en enero de 2020 a su último puesto de supervisión en la Secretaría de Desarrollo Urbano, la magistrada lo encontró penalmente responsable en 22 hechos. En seis de ellos, relacionados con las obras de los edificios de Ameghino 550, Corrientes y Pellegrini; Pueyrredón 956; Belgrano y 25 de Mayo; Adolfo Güemes 82 y Pueyrredón 1457, lo procesó como presunto autor y en los otros 11 casos, como partícipe necesario.

Brandán Valy, exdirector general de Planeamiento Urbano que también estuvo un tiempo al frente de la Dirección de Obras Particulares, quedó procesado bajo el mismo cargo por las obras de Santiago del Estero 553 y Salta Fe 60.

Para García de Leonarduzzi, en tanto, se sumó un nuevo procesamiento (en grado de presunta autora) por el edificio construido en Alvarado 1467-1474.

Carlos Marcelo Cesano, quien ocupó el cargo de director de Obras Particulares entre abril y diciembre de 2003, quedó procesado por incumplimiento de deberes en relación con las obras del edificio de Juramento 37.

Víctor Marcelo Amado, exdirector general de Fiscalización de Obras Civiles, terminó sobreseído de incumplimiento de deberes, pero fue procesado por presunta falsificación de documento público en el expediente administrativo de las obras del edificio de Deán Funes 585. Entre los nuevos procesados se cuentan dos exfuncionarias a las que la jueza Mudkdsy consideró como presuntas partícipes necesarias de incumplimiento de deberes . Se trata de María Jimena Cuello (imputada por la obra de Santa Fe 60) y de María Pía Ruiz de los Llanos (acusada por el edificio de Pueyrredón 926).

A 13 años de aquella presentación de la Red Sol, Raúl Kalisnsky resalta entre los nuevos procesados que tiene la causa. El cargo penal por el que está a un paso de ir a juicio es de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautor, y por 7 hechos. Concretamente, Mónica Mukdsy, jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio de Salta, concluyó que el exsecretario de Planeamiento y Desarrollo municipal favoreció a las empresas que construyeron los edificios de Vicente López 326; Deán Funes 521; Caseros 1850 - España 1845; General Güemes 420; Deán Funes 520; Alsina 171 y España 935 con excepciones que dictó en abierta contradicción con las ordenanzas que establecen los códigos de Edificación y Planeamiento, y con atribuciones que son propias del Concejo.

En diciembre de 2021, Guillermo Polliotto, juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, rechazó una apelación que interpuso la defensa de Kalinsky. A través de ese recurso se planteó la extinción de la acción penal formulada contra el exfuncionario por prescripción de la causa.

El magistrado determinó que los argumentos de la defensa carecían de sustento, ya que en los hechos denunciados, además de Kalinsky, intervinieron numerosos funcionarios de la Municipalidad de Salta.

Antes de recalar en Salta, Kalinsky se había desempeñado como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Carlos Grosso. Como amigo y cercano colaborador del intendente porteño que designó Carlos Menem en 1989, fue en esos años uno de los impulsores de la creación de Puerto Madero. Ese desarrollo, otros proyectos inmobiliarios y concesiones dieron pie a muchas denuncias que obligaron a Grosso a renunciar en 1992. Las causas acumuladas, en las que Kalinsky estaba imputado junto al exintendente de Buenos Aires, terminaron archivadas, desestimadas por falta de mérito o con sentencias absolutorias.

Tras su paso por la Municipalidad de Salta, Kalinsky apareció ligado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la compra de los trenes chatarra en España y Portugal, operación por la que el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibieron en abril condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional.

Además de asesorar a Jaime, Kalinsky trabajó con otro exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y actuó como coordinador de la Unidad Ejecutora del Tren Urbano de Salta.

Perfil y otros medios porteños también señalaron a Kalisnky como asesor profesional cercano al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Tras la denuncia que presentó la Red Sol, peritos designados por la Corte marcaron serias irregularidades en más de 50 edificios que avanzaron con excepciones y vistas gordas hasta alturas temerarias para una ciudad con alto riesgo sísmico. También se comprobaron faltas de juntas sísmicas, estudios de impacto y transgresiones a los factores de ocupación fijados por las normas vigentes (FOS y FOT), los retiros y las exigencias de disponibilidad cierta de servicios de agua y cloacas. Con dudosos contratos de locación se sortearon, asimismo, las exigencias de espacios para estacionamientos. Así, miles de vecinos de la ciudad de Salta vieron agravadas las deficiencias en servicios básicos, con caídas de presión en el agua y obstrucciones cloacales. Los congestionamientos del tránsito muestran otra cara de la ciudad que creció en las alturas sin un estudio de impacto acumulativo.

Fuente El Tribuno