La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual este domingo declaró Mario Bongarelli, quien dijo ser "conocido" del acusado, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró bajo juramento de verdad creerlo "capaz de cometer el hecho", informaron fuentes judiciales.

El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rivolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida.

Antes de declarar en la Justicia, Bongarelli había dado una nota en televisión donde se presentó como "amigo" de Sabag Montiel.

La magistrada recibió además durante toda la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del detenido Sabag Montiel hizo un "reseteo" y volvió a "estado de fábrica", informaron fuentes judiciales.

La magistrada tomó declaración desde la mañana a los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes explicaron lo que hicieron con el celular del acusado, su tarjeta SIM y el chip.

En el caso de estos dos últimos se extrajo el contenido que "se encuentra bajo análisis".

En relación al reseteo del celular al estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir esto y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.

En tanto terminó el peritaje sobre la computadora laptop HP que se secuestró en el domicilio del acusado y se ordenó analizar el material obtenido.

El teléfono celular que portaba Sabag Montiel, el agresor detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un reseteo en los momentos en que la Justicia intentaba extraer información, por lo que esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.

El hecho generó criticas en el oficialismo y la oposición, que reclamaron "respuestas" a la Justicia en medio de versiones encontradas entre el juzgado a cargo de la causa y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).