Al tratarse de un hecho de usurpación, se les informó a los denunciados que se encontraban en flagrante delito, exhortándolos a evitar la judicialización del conflicto, procediendo al desalojo voluntario de los inmuebles.

Se les explicó que además de encontrarse expuestos a una causa penal por la que podrían terminar condenados, se les dificultaría toda posibilidad de de inscripción para acceso a una vivienda, aconsejándoles que continuaran las vías idóneas correspondientes.

La Fiscalía Penal 1 dio por finalizado el conflicto arribando al acuerdo de conciliación previsto, por lo que no fue necesario recurrir a la imputación por el delito de usurpación y las viviendas fueron restituidas a sus adjudicatarios originales.