IMPUTAN A UN INTENDENTE, UN FUNCIONARIO Y UN EMPRESARIO POR FRAUDE

Nacionales 19 de mayo de 2020 Por Silvina Soria
Además, y a pedido de la Fiscalía Federal de Orán, se ordenó la captura de dos sospechosos y la acumulación de una tercera causa remitida por la justicia provincial, entre otras medidas en torno a una investigación por presunta desafectación de bienes del Estado Nacional.
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Durante el mediodía de ayer, en una audiencia celebrada por videoconferencia, la Fiscalía Descentralizada de Orán, representada por el fiscal general Eduardo José Villalba, formalizó la imputación penal contra el intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

A todos se les imputó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de dos a seis años de prisión. Asimismo, Villalba no descartó la comisión del delito que se aplica al que “vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos”. La imputación surgió del trabajo realizado por una comisión especial creada y dirigida por Villalba, en representación de la Fiscalía de Distrito Salta e integrada por la Sede Descentralizada de Oran y el fiscal de Tartagal Marcos Romero.

La audiencia se realizó bajo la dirección del juez federal de Garantías Gustavo Montoya, quien luego de verificar el contacto con el restos de las partes, tanto en Salta, Orán y en Mendoza, cedió la palabra al fiscal. “El Ministerio Público Fiscal imputa a los acusados el haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios, pues entendemos que se autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea que pasan por el territorio del municipio de Aguaray”, sostuvo Villalba.

El representante del MPF aseguró que hubo una desafectación de las cañerías para introducirla en el comercio y venderla a la empresa OSYPSA, cuyo titular es Alos. “Bastaría para ello referirnos a la resolución que lleva fecha del 23 de diciembre de 2019, en virtud de la cual el intendente de Aguaray, recientemente asumido, junto a su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, resolvieron disponer en favor de la empresa OSYPSA SA, cuyo titular es Alos, los caños que era parte del gasoducto que atraviesa ese municipio”, explicó.

Efectivamente, se logró establecer que existían dos camiones que llevaban, al menos, 30 caños. “Uno de los conductores de estos rodado exhibió como documento que lo autorizaba al traslado de los caños, la resolución número 1215, del año 2019 de la Municipalidad de Aguaray, con fecha del 23 de diciembre, en la cual Prado y Céspedes, disponían la desafectación de esos caños y su transmisión al empresario Alos, titular de la empresa OSYP SA. Asimismo, se señaló que eran caños en deshuso y abandonados”.

Ante ello, la fiscalía avanzó en la investigación e individualizó a los presuntos autores de este hecho -dos hombres-, en este caso calificado como robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda; uno de ellos cuenta con antecedentes por el delito de estafa.

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